Opacidad y ausencia de información suficiente y oportuna en las Finanzas Públicas

Es sabido por quienes conforman, las Instituciones Públicas y sus Entidades Fiscalizadoras, que de conformidad con lo establecido por los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; periódicamente, el Consejo Nacional de Armonización Contable, publica el acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Contabilidad Gubernamental; con el propósito de que cada Institución Pública, de Orden: Federal, Estatal y Municipal, informen y difundan su particular estado de resultados; respecto de: Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal; y sus resultados, los publiquen en su respectiva Página de Internet, para Conocimiento, tanto de la Sociedad Civil, como de Personas relacionadas con la Investigación Científica; ello, en un marco de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Rendición de Cuentas Públicas, Combate a la Delincuencia y Consolidación de las Políticas Anticorrupción.

Considerando que, los estados financieros, muestran los hechos con incidencia económica-financiera, que ha realizado un ente público, durante un período determinado y son necesarios para mostrar los resultados del ejercicio presupuestal, así como, la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que la ley establece.

Consecuentemente, el objetivo general de los estados financieros, es proporcionar información sobre la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, así como de la postura fiscal de los entes públicos.

A su vez, debe ser útil para que los usuarios, puedan disponer de la misma, con confiabilidad y oportunidad, para tomar decisiones, respecto a la asignación de recursos, su administración y control.

Asimismo, constituyen la base de la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización de las cuentas públicas.

Para tal efecto, se cuenta con el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable “SEVAC”; para garantizar la revisión de avances, con base en una Guía de Evaluación, a cargo de la Auditoría Superior de la Federación “ASF” y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “SHCP”; y que tiene verificativo, en coordinación con cada Órgano Superior de Fiscalización, dependiente, de su respectivo Congreso Legislativo, en cada Entidad Federativa.

Bueno… Hasta aquí la Utopía; perdón, el Marco de Referencia. Empero, la Simulación, es más que Evidente.

Cuando se revisa las páginas de internet, de las Instituciones Públicas de Orden: Federal, Estatal y Municipal; se puede uno percatar que, existe notoria opacidad y ausencia de información suficiente y oportuna, sobre el estado que guardan las Finanzas Públicas; y lo grave, es que en gran medida, tales Instituciones, se escudan y amparan en el andamiaje jurídico que versa sobre: la Transparencia, el Acceso a la Información Pública, la Protección de Datos Personales, la Rendición de Cuentas y el Combate a la Corrupción y a la Delincuencia Organizada; empantanado a la Contabilidad Gubernamental.

Hagamos un poco de memoria, para darnos cuenta que la Utopía y la Simulación, no son nuevas; más bien, son recurrentes; basta con recordar las tendencias sobre Gobierno Abierto, que serían conocidas públicamente en nuestra generación, como Open Government Partnership.

En 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas, los presidentes Obama, de los Estados Unidos, y Dilma Rousef, de Brasil, presentaron las bases de la iniciativa multilateral Open Government Partnership, como una iniciativa internacional, que promovía políticas de transparencia, mediante tres principios: confianza pública, sistema de transparencia y participación de la sociedad con el gobierno.

La iniciativa multilateral, buscaba que los gobiernos, se comprometieran a elevar los niveles de transparencia, a fomentar la participación ciudadana, en los asuntos públicos y a combatir la corrupción, a partir del uso de las nuevas tecnologías de la información, para generar comunidades seguras.

Es importante mencionar que México, y en particular, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos “IFAI”, fue miembro del Comité Promotor de la iniciativa, y que fue la instancia que dirigió y supervisó el desarrollo de este proyecto, conocido en español, como la Alianza para el Gobierno

Abierto “AGA”.

Desde el inicio, ocho países: Estados Unidos, Brasil, México, Noruega, Reino Unido, Indonesia, Filipinas y Sudáfrica; se comprometieron con esta Iniciativa, y al hacerlo, reconocieron que las sociedades, demandan gobiernos transparentes y responsables socialmente, que rindan cuentas claras, sobre las funciones que tienen a su cargo.

Más que una desventaja, tal divergencia, en los grados de evolución de transparencia, ofrecía una oportunidad para intercambiar información, compartir experiencias y tener acceso a mejores prácticas, lo que constituyó, una ocasión inmejorable, para abrir canales de comunicación y trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, y para elevar el nivel de exigencia y compromiso de los gobiernos, con la transparencia.

Para integrarse a la AGA, los países interesados, deberían adoptar, una declaración de alto nivel, que previera entregar, un plan de acción: legislativo y jurídico, desarrollado con base en una consulta pública, comprometiéndose a informar, sobre su progreso en el futuro. Empero, insisto, se configura la utopía y la simulación.

En este sentido, la implementación veraz y efectiva de un Sistema de Control Interno, representa una herramienta fundamental, que aportara elementos que: promuevan la consecución de los objetivos institucionales; minimicen los riesgos; reduzcan la probabilidad de ocurrencia de actos de corrupción y fraudes; y consideren la integración de las tecnologías de información, a los procesos institucionales; asimismo respalden la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, y consoliden los procesos de rendición de cuentas y de transparencia gubernamentales.

Es indudable que, la implementación y, en su caso, la adaptación del Sistema de Control Interno, promoverá el mejoramiento de las funciones del Estado Mexicano y los resultados se traducirán en mejoras de la gestión gubernamental, la prevención y erradicación de la corrupción y el desarrollo de un sistema integral de rendición de cuentas.